Cómo demócrata me muestro satisfecho de un dictamen que confirma lo que la mayoría de catalanes pensamos y sabíamos sobre la justicia española: Cuando se trata de juzgar al independentismo la presunción de inocencia desaparece misteriosamente. Se ha privado el derecho de participación política de líderes electos por la población en unas elecciones convocadas por la propia justicia española y cuyas candidaturas fueron validadas por la misma junta electoral. 

Dicho varapalo para España viene de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un organismo que reconoce el derecho de autodeterminación estipulado en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, otro organismo internacional que confirma que cuando se trata de Cataluña, España está dispuesta a desmantelar su estado de derecho.

En una Unión Europea cuyo parlamento cuenta con la influencia del bipartidismo de consecuencias van a traer pocas. Recalcar que los tribunales europeos legitiman y han legitimado nuestra causa otorgando las actas de eurodiputados al presidente Carles Puigdemont, y los Consejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí.

Dichas consecuencias deberían ser para los partidos autoproclamados independentistas que creen que una mesa de diálogo con el Gobierno español es posible. A ninguna persona maltratada se le ocurriría negociar con su agresor en vez de buscar justicia fuera del hogar y llevarlo a los tribunales. En el caso de la justicia española nos ha pasado lo mismo: violencia hacia los votantes en el referéndum del 1 de Octubre, prisión preventiva desproporcionada para los líderes políticos y para rematar una sentencia cuya condena supera a la del caso de “La Manada”. En España sale más caro poner urnas que violar. No obstante, a nivel interno va a suponer un mazazo para España, un estado miembro de la ONU desde hace más de 65 años. Confío en que la Generalitat pueda sacar provecho de ese dictamen.

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Noticia para Diario Total realizada por Nelson Montenegro